A partir del proyecto de Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla relativo a instaurar un archivo para organizar la documentación de la antigua Secretaría de Cámara del Virreinato, otras dependencias comenzaron a ordenar sus manuscritos. Entre ellos estuvieron los tribunales de justicia, como el de la Acordada, el cual fue una institución que surgió para subsanar las carencias que sufría el sistema judicial de la Nueva España.
En primera instancia, el Tribunal de la Acordada se dedicó a impartir justicia por su propia cuenta en los distritos rurales, pero cuando la Sala del Crimen de la Real Audiencia comenzó a atravesar dificultades para dirigirse hacia los lugares donde se cometían fechorías, se decidió incluirlo como la institución encargada de ejercer la autoridad sobre los delitos de hurto, violencia física, despojo, rapto, incendio premeditado y bandidaje. Así pues, el Tribunal de la Acordada quedó conformado por un juez principal asistido por oficiales con funciones definidas en los procedimientos legales y secretarios a cargo de los registros de archivo. Esta última parte administrativa fue de suma importancia, ya que, como veremos a continuación, su labor iba a definir el futuro de María Dolores.
En 1808, María Dolores, residente del pueblo de San José de Amoles, jurisdicción de Querétaro, pidió la revisión de los libros o legajos de arresto resguardados en el archivo de la Acordada con la intención de saber la situación en la que se encontraba Andrés de la Cruz, su esposo, quien había planeado un asalto junto con otros cuatro hombres identificados como Antonio Evangelista, Alejo de la Cruz, Pedro Cayetano y Matías de la Cruz.
Según lo relatado por María, la idea de los malhechores era interceptar al bachiller Manuel López de Aguirre cerca de su residencia ubicada en la Hacienda de Culiacar aprovechando la oscuridad de la noche y despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, su plan se frustró cuando fueron descubiertos por oficiales de la Acordada, quienes los pusieron bajo arresto y los trasladaron al tribunal.
Ya en las instalaciones, don Manuel Cervantes, el juez subalterno, condenó a Andrés de la Cruz y a sus cómplices a la cárcel. Desde ese momento, María perdió todo contacto con quien fuera su cónyuge y nunca más supo del caso ni del posible destino de Andrés. Para cuando María presentó su caso ya habían pasado alrededor de 30 años y ninguno de los detenidos había regresado a su domicilio, lo que la llevó a pensar que posiblemente Andrés había sido ejecutado o que había muerto.
Por este motivo, María se comprometió con Asencio Martínez, pero el cura de la parroquia local le había pidió indagar sobre la situación de Andrés y obtener un documento que validara su estado, porque en caso de que siguiera vivo, ella no podría volver a contraer nupcias
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Desgraciadamente, no sabemos el final de esta historia, ¿María habrá podido casarse con Asencio, Andrés seguiría con vida o los del tribunal habrán decidido dejar de lado la petición de María? ¿Tú qué te imaginas que pudo suceder?
Referencia: AGN, Instituciones Coloniales, Acordada, vol. 1, exp. 4.
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