En el México prehispánico eran bien conocidas las bebidas alcohólicas a base de fermentación, pero no fue hasta la llegada de los españoles que se introdujeron las bebidas destiladas. El pulque era la bebida alcohólica por excelencia que gozaba de un carácter ritual, pero tras la conquista, el vino y el aguardiente -nombre genérico para todas las bebidas destiladas- ganaron bastante fama.
La valiosa contribución que la venta y consumo de bebidas alcohólicas aportaba a la hacienda pública sería motivo determinante para que la Iglesia católica no lograra imponer su restricción al consumo de aguardiente; sin embargo, las autoridades eclesiásticas no dejaban de condenar moralmente su consumo y de exigir a sus feligreses que lo evitaran. En este afán de control se presentó el caso del cura Braulio Manuel de Quezada que en el año de 1807, cuando recién había llegado al pueblo de San Salvador el Seco, pidió un informe sobre el consumo de aguardiente de caña en el pueblo. De inmediato, don Felipe Antonio Bautista, el receptor de alcabalas y pulques, le certificó que de acuerdo con lo registrado en su cuaderno de cuentas, desde el establecimiento del pueblo, el consumo de aguardiente había sido moderado, pero que había aumentado considerablemente año con año, como ejemplo estaba la suma de barriles del año anterior: en 1806, el consumo había sido de 79 barriles.
Con el informe de don Felipe, el cura confirmó la suposición que tuvo al arribar al pueblo, pues cuando se daba a la tarea de convivir con sus feligreses y recorrer las calles podía notar que había “una pasión dominante hacia la embriaguez”, lo cual solo podría ser el principio y origen de todos los males que ocurrieran en San Salvador el Seco, pues ninguno de los métodos y sugerencias que se hacían por parte de las autoridades para reducir el consumo de bebidas embriagantes era efectivo, por lo que sólo quedaba recurrir a los mandos virreinales.
Así fue como les reportó el caso, pues para ser un pueblo chico, el cura creía exagerado dedicar un tercio del gasto anual a la compra de barriles de aguardiente. Por dichas razones, el cura pedía que se le ordenara al subdelegado de la provincia de Tepeaca, Puebla que sólo permitiera el ingreso anual de 12 barriles de aguardiente de caña a la región y que estos fueran suministrados por alguien de la confianza del padre, mismo que se comprometía a pagar los impuestos correspondientes a la alcabala.
Las autoridades virreinales, al recibir la propuesta del padre, decidieron enviarla a la dirección de aduanas en donde la respuesta fue inmediata: no se podía disminuir el suministro de aguardiente en las regiones. Argumentaron que si con la prohibición de la bebida se pudiera acabar con la embriaguez perniciosa en lo moral y lo político, ya se hubiera hecho, pero esa no era la solución, puesto que existían otros licores que podían introducirse de manera furtiva y dar pie a la venta clandestina.
Por otra parte, las autoridades virreinales argumentaron que la propuesta era económicamente inviable porque se generarían daños a la hacienda pública, debido a que no sólo se gravaba la compraventa, también su fabricación, pues se cobraban seis pesos por cada 170 cuartillas. Finalmente, las autoridades virreinales le ofrecieron al cura el patrullaje constante del pueblo para que se persiguiera y castigara a quien cometiera el delito de embriaguez en la vía pública.
Referencia: AGN, Instituciones Coloniales, Aguardiente de Caña, vol. 7, exp. 5.
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