Desde el proceso de la conquista iniciado en el siglo XVI existieron grupos indígenas que sostuvieron una ardua resistencia contra el avance de la sociedad occidental blanca, en especial en las regiones septentrionales. Ahí las autoridades virreinales no encontraron grandes centros poblacionales nativos, pues se hallaron en una tierra poblada por comunidades seminómadas y cazadoras dispuestas a defender sus tierras y recursos de los invasores. En esas circunstancias se establecieron lentamente nuevos asentamientos, siempre en conflicto con tales naciones, en el sentido de ‘comunidad’, denominadas desde entonces como “salvajes” o “bárbaros”.
Tras el colapso del sistema colonial, la construcción del nuevo Estado conllevó la tarea de controlar las zonas del norte y puntos fronterizos. Los grupos rebeldes indígenas fueron asumidos como un problema, bajo la concepción heredada, lo que sirvió para justificar el uso de la fuerza sobre todo grupo étnico insumiso al dominio del Estado en su territorio,[1] en una especie de reactualización de una empresa de conquista. Podemos señalar que la formulación “indio bárbaro” abarcó un amplio número de pueblos amerindios, entre los cuales figuraban principalmente los apaches y los comanches, quienes llegaron a resistir el avance del colonialismo occidental gracias a sus grandes habilidades en la montura a caballo y en el tiro de combate.
Durante buena parte del siglo XIX, el gobierno mexicano empleó mecanismos utilizados desde la época virreinal contra estos pueblos en la región del norte. Tal fue el caso de los presidios, estructuras defensivas que funcionaron como fuertes con guarniciones que resguardaban los caminos creados, el tráfico mercantil a través de ellos y los lugares considerados como fronteras, así como, en algunas ocasiones, a las poblaciones. Estos puestos militares fueron levantados a lo largo de los actuales estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Baja California Norte y Sur, así como de los estados estadounidenses de Texas, Nuevo México, Arizona y California.
El uso de esta práctica defensiva fue rectificado por el Congreso mexicano en la Ley del 21 de marzo de 1826, la cual estipulaba que la organización que tendrían todos los presidios sería la que marcaba el Reglamento e instrucción de los presidios en la línea frontera de la Nueva España que se había publicado en 1772. El funcionamiento de los presidios se encaminó a establecer una línea defensiva para frenar y cortar el avance de los indígenas que llegaban a incursionar en determinados poblados fronterizos. Por tal motivo fueron ubicados en lugares estratégicos como caminos y sitios fluviales; esto último bajo el entendido de que el agua era un elemento vital para sobrevivir en una zona golpeada por los ardientes desiertos que dominaban el norte del país.[2]
A pesar de la inestabilidad política durante buena parte de la década de 1830 en el tránsito de un régimen federal a uno central, una estrategia empleada contra de los indígenas del norte fue la guerra incesante. Ésta tenía como objetivo la sumisión de los indígenas e incluso el exterminio de comunidades enteras. Esta suerte de solución final encontraba justificación en que algunas personas llegaron a sostener la idea de que era preferible ejecutar a todo indígena rebelde que concederle la paz y la libertad.[3]
Sin embargo, en correspondencia con las dificultades económicas y políticas de las primeras décadas de vida independiente de México, estos sitios defensivos sufrieron un déficit de recursos y de tropas para operar. No fueron pocas las solicitudes de las autoridades del norte hacia al gobierno central a fin de aumentar el número de tropas, así como recibir el pago para sostener a los efectivos militares del presidio. Estos, muchas veces, optaban por permanecer más a la fuerza que por voluntad propia ante los castigos y penas que podían sufrir por desertar, como sucedió en Chihuahua a mediados de 1835.[4]
De ahí que, si bien los militares destinados a la guerra eran instruidos, principalmente, en el manejo del caballo y del tiro al blanco, también se llegaron a emplear indígenas que habían solicitado la paz. Lo anterior fue posible porque a los nativos que entregaban sus armas se les imponía aceptar trece puntos de sometimiento y obediencia, entre ellos se establecía: “Auxiliar con todo su poder a las operaciones de campañas que puedan emprender las tropas de la Nación contra las tribus que continúen la guerra”. En caso de negarse, las autoridades procedían a mantener en cautiverio a los familiares de los principales líderes (imágenes 1 y 2).
Imágenes 1 y 2. Acuerdo de paz suscrito entre el inspector Ignacio Elías Gonzalez con los capitanes apache Reyes, Matías, Marcelo, Eugenio y Miguel (1836).
La persecución fue una táctica de uso común en las campañas militares emprendidas en el norte. En estas incursiones participaban elementos de las compañías permanentes de los presidios, como miembros de las fuerzas urbanas y rurales. Estos últimos fueron los cuerpos militares que iban detrás de los indígenas por días e incluso meses, con la finalidad de ubicar y atacar su asentamiento temporal o acorralarlos cerca de un presidio.
Un informe de 1834 de Cayetano Justiniani, coronel y secretario de la Comandancia General de Chihuahua, nos permite acercarnos a las tácticas empleadas en aquella zona para combatir a los denominados “bárbaros”. Según lo presentado por el militar chihuahuense, las fuerzas destinadas a perseguir a los indígenas debían de ponerse en movimiento al “primer aviso de invasión”, mientras que todos los puntos de entrada y salida debían de permanecer en alerta. De esta manera, se establecía una línea que tenía que cortarles el paso (imagen 3).
Imagen 3. Proyecto para la organización de defensores presentado por Cayetano Justiniani (1834).
No obstante, toda esta operación no resultaba ser una tarea para nada sencilla frente al conocimiento de la guerra de los grupos indígenas del norte, quienes destacaron por ser buenos jinetes, conocer muy bien el terreno y por aprovechar las inclemencias del desierto para evitar ser encontrados. Además, habían desarrollado tácticas encaminadas a desorientar al enemigo como la eliminación de las huellas por donde pasaban o la creación de rastros falsos (imagen 4).
Imagen 4. El coronel D. José María Elías Gonzalez comenta que ha perdido el rastro de unos apaches enemigos (1836).
Estas fueron algunas de las acciones emprendidas por el gobierno para combatir a los grupos indígenas etiquetados como “bárbaros”. La estigmatización, que implicó la negación del reconocimiento de su cultura y relación con el territorio, se alimentó de las concepciones políticas heredadas del periodo colonial, pero también de las lógicas de construcción territorial de la presencia del Estado, así como de las concepciones de ciudadanía y civilidad de los segmentos dominantes durante buena parte del siglo XIX. Los presidios, por su parte, no llegaron a sufrir cambios notables hasta la reestructuración de los límites fronterizos entre Estados Unidos de América y México, tras el final de la guerra mexicano-estadounidense en 1848, pero la política de persecución y la hostilidad hacia los indígenas del norte se intensificó y recrudeció hasta llevar al exterminio a determinados grupos, tal como se puede documentar a partir del fondo de Guerra y Marina del Archivo General de la Nación.
Referencias de imágenes:
Imágenes 1 y 2. Acuerdo de paz suscrito entre el inspector Ignacio Elías Gonzalez con los capitanes apache Reyes, Matías, Marcelo, Eugenio y Miguel, Chihuahua, 27 de octubre de 1836, en AGN, México Independiente, Guerra y Marina, Ministerio de Estado y Despacho de Guerra y Marina, caja 26, exp. 803.
Imagen 3. Cayetano Justiniani, Proyecto para la organización de cincuenta defensores del partido de ciudad Hidalgo, Chihuahua, 30 de septiembre de 1834, en AGN, México Independiente, Guerra y Marina, Ministerio de Estado y Despacho de Guerra y Marina, caja 26, exp. 803.
Imagen 4. Coronel D. José María Elías Gonzalez, Resultado de la salida emprendida contra apaches enemigos, Sonora, 29 de noviembre de 1836, en AGN, México Independiente, Guerra y Marina, Ministerio de Estado y Despacho de Guerra y Marina, caja 26, exp. 803.
[3] “Interesante”, en Ofensas a la Nación por barbaros que la invaden, 1834, en AGN, México Independiente, Guerra y Marina, sección Ministerio de Estado y Despacho de Guerra y Marina, caja 26, exp. 803, f. 46.
[4] El comandante de la zona general de chihuahua remite al secretario de Guerra y Maria una solicitud para reforzar las tropas de los presidios, Chihuahua, 09 de junio de 1835, en AGN, México Independiente, Guerra y Marina, sección Ministerio de Estado y Despacho de Guerra y Marina, caja 26, exp. 803, f. 4.